Quito (Pichincha).- El Tribunal Arbitraje La Haya no exoneró a Chevron de su responsabilidad con la Amazonía ecuatoriana. Esta vez, con el apoyo de sus acólitos mediáticos, falseó el laudo parcial del Tribunal Arbitraje La Haya, con el objetivo último de evitar la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, que le conminó a pagar 19 mil millones de dólares por los pasivos ambientales que dejó en la Amazonía ecuatoriana.
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http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/BOLETINPGE.pdf
Mediante
un comunicado oficial, Chevron anunció que el Tribunal Arbitral
sentenció a su favor en medio de la disputa ambiental que mantiene en
Ecuador, es decir, se trataría de una supuesta exoneración que libera a
la petrolera multinacional de cualquier reclamo por la contaminación que
dejó en la Amazonía, entre 1964 y 1990.
Sin embargo, se trata de una nueva mentira de Chevron para intentar pisotear la soberanía nacional.
En
efecto, el Tribunal rechazó el argumento de la petrolera, en cuanto a
que dicho Acuerdo (de 1995) contenía implícitamente una cláusula
"eximente de responsabilidad" o cláusula de indemnidad que, según la
visión errónea de la transnacional, responsabilizaría al Estado
ecuatoriano por cualquier costo incurrido por Chevron o los efectos de
cualquier sentencia dictada en su contra.
En
relación con este laudo parcial, Diego García Carrión, Procurador
General del Estado, rechazó el comunicado de prensa emitido el día de
hoy por la compañía Chevron titulado “Tribunal arbitral internacional
determina que Chevron no debe responder por los reclamos ambientales en
Ecuador” pues, lejos de lo afirmado por la compañía, el Tribunal no
formuló dicha determinación en absoluto.
El 23
de septiembre de 2009, la compañía Chevron-Texaco presentó una demanda
de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, amparado en una falsa
violación al TBI, con la cual persiguen que el Estado ecuatoriano sea
declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio,
iniciado por comunidades indígenas en su contra por su operación en la
Amazonia ecuatoriana.
En
este contexto, el Procurador Diego García aclaró que la defensa del
Estado se reserva todos sus derechos respecto de las decisiones del
Tribunal, “particularmente por haber actuado sin competencia, aplicando
un Tratado Bilateral de Inversiones que entró en vigencia mucho tiempo
después que el inversionista saliera voluntariamente del país”.
Durante
la inauguración de la campaña “La Mano Sucia de Chevron”, el Presidente
de la República denunció que esa petrolera se ha dedicado a dañar la
imagen del país, de su sistema de justicia, con su campaña de mentiras.
Además
reiteró que el Tribunal Arbitral que conoce la contrademanda de Chevron
al Estado ecuatoriano –a pesar de tratarse de un juicio entre privados-
no debió declararse competente para analizar la causa invocando el
Tratado Recíproco de Inversiones con Estados Unidos, en vigor desde
1997, porque la petrolera salió del país en 1992 cuando no aplicaba el
convenio.
Texaco-Chevron
operó entre 1964 y 1990 en el país. La demanda en su contra inició en
1993, cuando 88 ecuatorianos presentaron ante una corte federal de Texas
una demanda por daño ambiental. El litigio finalmente recayó en la
corte de la provincia de Sucumbíos, que tardó 18 años en dictar la
sentencia disponiendo el pago de 19.000 millones de dólares para
remediar los daños ambientales.
De
acuerdo al Gobierno Nacional, el daño ambiental causado por Chevron en
la Amazonía es ampliamente superior al que afectó al Golfo de México
por causa de British Petroleum (2010), y Alaska con incidencia de Exxon
Valdez (1989). Además, se ratificó que esa multinacional petrolera se
ha convertido en corruptor de jueces, con la finalidad de que atenten
contra la soberanía del país.
Chevron
cuenta con un aparataje de defensa multimillonario, estipulado en 400
millones de dólares y 900 abogados, encaminado a evitar el pago de para
remediar los daños ambientales que se dieron en la región amazónica.
El
litigio entre Chevron y las comunidades amazónicas era privado. Sin
embargo, la multinacional petrolera intentó involucrar al Estado
ecuatoriano, particularmente al Gobierno, por la sentencia en segunda
instancia que elevó la Corte Provincial de Sucumbíos, ante lo cual el
Presidente de la República señaló que se defenderá la soberanía
nacional. DEO/El Ciudadano
BOLETÍN DE PRENSA - CHEVRON CONTINÚA MINTIENDOLE AL MUNDOPROCADURÍA GENERAL DEL ESTADO - ECUADOR
Quito, 18 de septiembre de 2013
CS/18
TRIBUNAL ARBITRAL EMITE LAUDO PARCIAL EN LITIGIO PLANTEADO POR CHEVRON EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO
El día de ayer, martes 17 de septiembre, el Tribunal Arbitral que conoce la demanda presentada por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company en contra del Estado ecuatoriano, emitió un laudo parcial con el que se pronuncia sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación firmado en 1995, en relación con las reclamaciones ambientales de terceros en contra de Chevron.
En su decisión, el Tribunal –constituido bajo reglas UNCITRAL– coincide con la defensa jurídica ecuatoriana al concluir que el mencionado Acuerdo de Liberación no impide a los demandantes de Lago Agrio formular reclamos "respecto de sus derechos individuales". Para el Tribunal, dicho Acuerdo se refiere a las reclamaciones que el Estado ecuatoriano pudiera plantear en ejercicio de sus propios derechos y no a las reclamaciones realizadas por terceras personas que actuaren con independencia del Estado en ejercicio de sus derechos individuales.
No obstante, el Tribunal determinó que el Acuerdo de Liberación de 1995 impide a terceras personas formular reclamos fundados en derechos “difusos” o “colectivos”, ya que estos habrían sido objeto de la liberación conferida por el Gobierno de la época.
Al respecto, debe quedar claro que el Tribunal consideró apropiado no abordar en esta instancia la cuestión relativa a si el reclamo de los demandantes de Lago Agrio perseguían la reivindicación de sus derechos individuales o de sus derechos difusos, o ambos.
Si bien el Tribunal concluyó que Chevron es “parte liberada” bajo el Acuerdo mencionado, rechazó el argumento de la petrolera en cuanto a que dicho Acuerdo contenía implícitamente una cláusula "eximente de responsabilidad" o cláusula de indemnidad que, según la transnacional, responsabilizaría al Estado ecuatoriano por cualquier costo incurrido por Chevron o los efectos de cualquier sentencia dictada en su contra.
En este laudo parcial, el Tribunal se abstuvo expresamente de emitir un pronunciamiento sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación.
En relación con este laudo, el doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, rechazó el comunicado de prensa emitido el día de hoy por la compañía Chevron titulado “Tribunal arbitral internacional determina que Chevron no debe responder por los reclamos ambientales en Ecuador”
pues, lejos de lo afirmado por la compañía, el Tribunal no formuló dicha
determinación en absoluto.
Según el Procurador García, contrario a lo que expresa la transnacional en su
comunicado, el Tribunal tampoco consideró –y mucho menos resolvió– las
alegaciones de Chevron en cuanto a que la sentencia dictada por la Corte en
el Ecuador sea fraudulenta y tampoco determinó, como manifiesta el
Vicepresidente de la compañía, “que los reclamos fraudulentos jamás
debieron haber sido presentados”.
Con la emisión de este laudo parcial concluye la primera de las dos fases en
las que el Tribunal inicialmente dividió el fondo de la controversia objeto del
arbitraje.
La segunda fase se refiere a la acusación de Chevron-Texaco sobre una
supuesta denegación de justicia del Estado ecuatoriano en su contra, al haber
permitido la continuación del juicio de Lago Agrio, que según su criterio es
fraudulento. Dentro de esta etapa el Tribunal ha previsto la realización de una
audiencia que iniciará en enero de 2014.
El Procurador General del Estado aclaró que la defensa del Estado se reserva
todos sus derechos respecto de las decisiones del Tribunal, particularmente
por haber actuado sin competencia, aplicando un Tratado Bilateral de
Inversiones que entró en vigencia mucho tiempo después que el inversionista
saliera voluntariamente del país.
Antecedentes del caso
El 23 de septiembre de 2009, la compañía Chevron-Texaco presentó una
demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, amparado en una
supuesta violación al TBI, con la cual persiguen que el Estado ecuatoriano
sea declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio,
iniciado por comunidades indígenas en su contra por su operación en la
Amazonia ecuatoriana.
En esta demanda se acusa a Ecuador de una supuesta denegación de justicia
al haber permitido la continuación del juicio en Lago Agrio, además del
incumplimiento de otras obligaciones internacionales como las de otorgar un
trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, medios efectivos y
trato no discriminatorio.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2 559 308
Quito, 18 de septiembre de 2013
CS/18
TRIBUNAL ARBITRAL EMITE LAUDO PARCIAL EN LITIGIO PLANTEADO POR CHEVRON EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO
El día de ayer, martes 17 de septiembre, el Tribunal Arbitral que conoce la demanda presentada por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company en contra del Estado ecuatoriano, emitió un laudo parcial con el que se pronuncia sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación firmado en 1995, en relación con las reclamaciones ambientales de terceros en contra de Chevron.
En su decisión, el Tribunal –constituido bajo reglas UNCITRAL– coincide con la defensa jurídica ecuatoriana al concluir que el mencionado Acuerdo de Liberación no impide a los demandantes de Lago Agrio formular reclamos "respecto de sus derechos individuales". Para el Tribunal, dicho Acuerdo se refiere a las reclamaciones que el Estado ecuatoriano pudiera plantear en ejercicio de sus propios derechos y no a las reclamaciones realizadas por terceras personas que actuaren con independencia del Estado en ejercicio de sus derechos individuales.
No obstante, el Tribunal determinó que el Acuerdo de Liberación de 1995 impide a terceras personas formular reclamos fundados en derechos “difusos” o “colectivos”, ya que estos habrían sido objeto de la liberación conferida por el Gobierno de la época.
Al respecto, debe quedar claro que el Tribunal consideró apropiado no abordar en esta instancia la cuestión relativa a si el reclamo de los demandantes de Lago Agrio perseguían la reivindicación de sus derechos individuales o de sus derechos difusos, o ambos.
Si bien el Tribunal concluyó que Chevron es “parte liberada” bajo el Acuerdo mencionado, rechazó el argumento de la petrolera en cuanto a que dicho Acuerdo contenía implícitamente una cláusula "eximente de responsabilidad" o cláusula de indemnidad que, según la transnacional, responsabilizaría al Estado ecuatoriano por cualquier costo incurrido por Chevron o los efectos de cualquier sentencia dictada en su contra.
En este laudo parcial, el Tribunal se abstuvo expresamente de emitir un pronunciamiento sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación.
En relación con este laudo, el doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, rechazó el comunicado de prensa emitido el día de hoy por la compañía Chevron titulado “Tribunal arbitral internacional determina que Chevron no debe responder por los reclamos ambientales en Ecuador”
pues, lejos de lo afirmado por la compañía, el Tribunal no formuló dicha
determinación en absoluto.
Según el Procurador García, contrario a lo que expresa la transnacional en su
comunicado, el Tribunal tampoco consideró –y mucho menos resolvió– las
alegaciones de Chevron en cuanto a que la sentencia dictada por la Corte en
el Ecuador sea fraudulenta y tampoco determinó, como manifiesta el
Vicepresidente de la compañía, “que los reclamos fraudulentos jamás
debieron haber sido presentados”.
Con la emisión de este laudo parcial concluye la primera de las dos fases en
las que el Tribunal inicialmente dividió el fondo de la controversia objeto del
arbitraje.
La segunda fase se refiere a la acusación de Chevron-Texaco sobre una
supuesta denegación de justicia del Estado ecuatoriano en su contra, al haber
permitido la continuación del juicio de Lago Agrio, que según su criterio es
fraudulento. Dentro de esta etapa el Tribunal ha previsto la realización de una
audiencia que iniciará en enero de 2014.
El Procurador General del Estado aclaró que la defensa del Estado se reserva
todos sus derechos respecto de las decisiones del Tribunal, particularmente
por haber actuado sin competencia, aplicando un Tratado Bilateral de
Inversiones que entró en vigencia mucho tiempo después que el inversionista
saliera voluntariamente del país.
Antecedentes del caso
El 23 de septiembre de 2009, la compañía Chevron-Texaco presentó una
demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, amparado en una
supuesta violación al TBI, con la cual persiguen que el Estado ecuatoriano
sea declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio,
iniciado por comunidades indígenas en su contra por su operación en la
Amazonia ecuatoriana.
En esta demanda se acusa a Ecuador de una supuesta denegación de justicia
al haber permitido la continuación del juicio en Lago Agrio, además del
incumplimiento de otras obligaciones internacionales como las de otorgar un
trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, medios efectivos y
trato no discriminatorio.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2 559 308
