DE LA FALSA ESTATIZACION A LA ENTREGA DE YPF A CHEVRON
PRONUNCIAMIENTO DE PLATAFORMA 2012
15 de Julio de 2013
Ante la inminente firma del acuerdo entre YPF y la empresa
transnacional Chevron, para explotar el petróleo y gas no convencional
en la cuenca del Neuquén, principalmente en la formación de Vaca Muerta,
desde Plataforma 2012 queremos alertar que este hecho constituye nada
menos que una vuelta de tuerca en el proceso de falsa estatización de
YPF, que concluye en la entrega de nuestros bienes naturales a Chevron,
para que éste lucre con la destrucción de nuestros territorios y del
ambiente.
Una vez más los argentinos nos vemos confrontados a una
estafa, cuyos responsables son el gobierno nacional y sus socios
provinciales. Hace poco más de un año, el oficialismo anunciaba con
bombos y platillos la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que
estaba en manos de Repsol. Se habló de modo grandilocuente de
“renacionalización” del petróleo, se impulsó un discurso triunfalista
que evitaba cualquier referencia autocrítica a la responsabilidad
directa que el propio oficialismo tuvo en el proceso de vaciamiento de
YPF. Manipulando las legítimas aspiraciones de una gran parte de la
sociedad argentina, se impulsó una ley que fue aprobada por el congreso
nacional en una votación a libro cerrado, soslayando de ese modo la
posibilidad de abrir un debate democrático de fondo sobre la crisis
energética estructural que atraviesa nuestro país.
En mayo de 2012,
a través de un documento titulado “Por una verdadera estatización de
los recursos energético. La crisis de YPF o el fracaso de una política
energética”, desde Plataforma 2012 nos pronunciamos críticamente
sobre el tema, argumentando, entre otras cuestiones, que la anunciada
“reconquista” de YPF adolecía de sustanciales errores para cumplir con
las metas que dice proponerse, puesto que no contemplaba los aspectos
estructurales de la cuestión energética y carecía de una mirada
estratégica de mediano y largo plazo. Sosteníamos que la ley no proponía
cambio alguno del marco regulatorio ni política de nacionalización de
los hidrocarburos; que no asistíamos a una verdadera estatización de la
empresa; que no existía una propuesta de largo plazo que apuntara a la
diversificación de la matriz energética; alertábamos de que el país se
aprestaba a ingresar peligrosamente en la explotación del gas y petróleo
no convencional, a través de la fractura hidráulica o fracking, una
metodología muy controvertida que ha sido prohibida en varios países,
sin siquiera abrir debate o informar sobre sus gravosas consecuencias
ambientales.
Los hechos que se han sucedido en los últimos meses
muestran, lamentablemente, la actualidad de ese documento. Lejos de
avanzar en la conformación de una sociedad de Estado que garantizara el
control de los bienes naturales, YPF buscó de manera desesperada y por
todos los medios asociarse con grandes empresas transnacionales, que
son las que hoy dominan el mercado energético, sobre todo en la
explotación de hidrocarburos no convencionales. Desde el comienzo, el
socio anunciado fue la multinacional petrolera Chevron, de origen
norteamericano, en estos momentos el cuarto productor de petróleo en
nuestro país.
La entrega llave en mano de los yacimientos de la
cuenca del Neuquén a Chevron encontró una serie de escollos legales,
sobre todo, debido a la sentencia judicial que pesaba sobre esta
empresa, expedida por la justicia ecuatoriana, que condenó a Chevron
(que operó entre 1964 y 1990 en Ecuador, cuando era Texaco) a pagar
19.000 millones de dólares, por graves delitos ambientales, cometidos en
la Amazonía ecuatoriana, en territorios ancestrales de pueblos
originarios. Un primer embargo sobre los bienes de Chevron en nuestro
país, emitido por un juzgado, respaldado por los acuerdos bilaterales
entre Argentina y Ecuador, demoraría el acuerdo inminente. Sin embargo,
hace menos de un mes, a pedido de la Procuradora Nacional A.Gils Carbó, y
posteriormente, a través de un rápido fallo a favor de Chevron, emitido
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se levantó el embargo
que pesaba sobre la empresa, allanando de este modo concreción de dicha
entrega.
Muchos se preguntaban cuáles serían las condiciones del
acuerdo que firmarían Chevron e YPF. Poco se sabía acerca del contenido
del acuerdo, más allá de las efusivas declaraciones del gobernador de
Neuquén, Jorge Sapag y sus funcionarios, quienes hablan de un “segundo
descubrimiento del petróleo”. Algunos analistas adelantaron que, tal
como había sucedido en otros países –por ejemplo, en Ucrania- las
condiciones serían leoninas, difíciles de digerir para un gobierno que
se dice nacional y popular. Veinticuatro horas antes de la firma del
acuerdo trascendió que el gobierno creó, por decreto, un régimen de
promoción de inversión de hidrocarburos, a la medida de Chevron, que
prevé beneficios para las empresas que presenten proyectos de
explotación de un monto no inferior a 1.000 millones de dólares.
A
la manera de la legislación minera de los años `90, este decreto otorga
la exención a pagar los derechos de exportación a partir del quinto año
de ejecución del proyecto; establece la libre disponibilidad (100 %) de
las divisas provenientes de la dicha exportación; no propone una
reglamentación de la extracción que prevea los impactos ambientales que
ocurrieron en otros lugares del mundo con el fracking, entre otros
puntos controvertidos. Agreguemos que la ley 17.319 de Hidrocarburos no
autoriza a otorgar exenciones al pago del derecho de exportación.
Resaltamos esto porque las modificaciones impositivas ahora fueron
hechas por Decreto y deben hacerse por ley.
En nuestro país las
poblaciones ya comenzaron a organizarse y manifestar fuertes
resistencias al avance de la explotación de los hidrocarburos no
convencionales, tal como lo muestran diferentes ordenanzas municipales
que prohíben el fracking: Cinco Saltos, en Río Negro, picó en punta,
superando incluso el veto de la intendenta; en Entre Ríos, ya son 10
los municipios que prohibieron esta técnica y en Mendoza, cuatro
departamentos -dos de los cuáles enfrentan hoy un veto-. Por otro lado,
una medida cautelar en Chubut, presentada por representantes de pueblos
originarios, logró frenar la exploración de un pozo de fracking (aquel
que había sido inaugurado por la presidenta). Y más aún, recientemente,
la Confederación Mapuche del Neuquén dio a conocer un comunicado en el
que rechazan el pacto entre Chevron e YPF, y afirma que no dejarán
ingresar a la empresa, prófuga de la justicia ecuatoriana, a sus
territorios ancestrales.
Desde Plataforma 2012 rechazamos este
nuevo giro en la política energética, que entrega YPF a Chevron, para
que éste lucre con los bienes naturales de los argentinos y destruya los
territorios y el ambiente, y nos solidarizamos con los pueblos
originarios, las organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy
luchan contra el avance de la frontera hidrocarburífera, mediante el
fracking, defendiendo la vida y el territorio.www.plataforma2012.org.ar http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/pronunciamientos/67-de-la-falsa-estatizacion-a-la-entrega-de-ypf-a-chevron
Contactos: plataforma2012@plataforma2012.org.ar,
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